A medida que la crisis económica se hace más pronunciada, aumentan las voces que exigen el derrumbe del sistema de Inspección Técnica de Vehículos que nos hemos dado en España, que funciona con plena satisfacción desde mediados de los años ochenta y cuya viabilidad técnica y suficiencia jurídica han venido siendo avaladas por diferentes normas de la Comunidad Europea, de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. Asimismo, el sistema ha sido avalado por distintos autos y fallos judiciales, incluido el Tribunal Constitucional.

El tiempo transcurrido, la práctica profesional de las estaciones de ITV y la creciente sensibilización social por la seguridad vial y el medio ambiente, han venido a confirmar estas instalaciones como imprescindibles y necesarias, pues la ITV salva vidas, evita accidentes y aminora las afecciones medioambientales de todo tipo de vehículos a motor.

No obstante, y de manera insistente, se ataca al actual sistema de ITV con los más diversos argumentos hasta concluir que la única salida para que este servicio sea más barato, cómodo y cercano es su liberalización total, llegando en casos a plantear que pueda ser prestado por los talleres de reparación de automóviles. Hasta altas instancias judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fallan contra la legislación de la Generalitat amparándose de manera muy fundamental e inconcebible en la Directiva de Servicios europea, que excluye expresamente esta actividad de su amparo legal.

También es muy recurrente la demanda de que los talleres de reparación puedan desempeñar la inspección técnica de vehículos. Y es poco entendible esta exigencia, pues la independencia exigida a la actividad inspectora por nuestra legislación impide que se pueda ser juez y parte en una actividad tan sensible como es la seguridad vial que, de no procurarse de esta manera, podría dejar inerme al usuario ante diagnósticos “interesados” sobre su vehículo.

Otro asunto crucial es el cuestionamiento del número y ubicación de las estaciones de ITV. Cuando ha habido CC.AA -como Castilla-La Mancha- que han autorizado estaciones de inspección sin la planificación suficiente, se han producido suspensiones de actividad por carencias en la prestación del servicio y algo aún más alarmante: el porcentaje de vehículos rechazados ha sido la mitad que la media nacional. Ojo pues, con jugar a la liberalización de las ITV sin más, porque algunos ven en ellas solo un negocio.