El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado a las autoridades estatales, autonómicas y locales a abordar de forma urgente el problema de la vivienda en España. Propone medidas como limitar el alquiler turístico, ampliar el parque público de vivienda y mejorar los programas de ayuda al pago del alquiler.
Según Gabilondo, el incremento de los precios de compra y alquiler de viviendas en la última década ha superado con creces el aumento de los salarios, agravando la desigualdad. En 2024, se recibieron 822 quejas relacionadas con dificultades en materia de vivienda.
El Defensor del Pueblo resalta que un 30,6% de la población que alquila destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, por encima de la media europea. Además, señala la escasez de vivienda pública en España, representando solo el 3,4% del total de hogares, frente al 8% de la media europea.
En este sentido, Gabilondo enfatiza la necesidad de aumentar significativamente la oferta de vivienda pública y protegida en alquiler, así como mejorar la transparencia en los procesos de adjudicación. También advierte sobre el creciente alquiler turístico, que amplía la brecha de desigualdad entre propietarios y no propietarios de vivienda.
El Defensor del Pueblo ha iniciado acciones con todas las comunidades autónomas, el Ministerio de Vivienda y los diez ayuntamientos más poblados de España para recopilar información sobre viviendas protegidas y asequibles, así como sobre personas en lista de espera para su adjudicación.
Durante la comparecencia, distintos grupos parlamentarios han planteado sus preocupaciones respecto al problema de la vivienda, destacando la necesidad de un enfoque integral y de consenso en las soluciones. Gabilondo ha subrayado la importancia de abordar con rigor un nuevo diagnóstico de la situación, evitando culpar exclusivamente a los gobiernos de la problemática de los trabajadores pobres.
En resumen, la vivienda en España enfrenta desafíos significativos que requieren acciones coordinadas y efectivas a nivel estatal, autonómico y local para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
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