La Comisión Europea ha concedido a España una prórroga de seis semanas para responder al expediente de infracción abierto en julio por los poderes discrecionales que la legislación española otorga al Gobierno para frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell.
Según fuentes cercanas a la decisión, la Comisión Europea ha respondido positivamente a la solicitud realizada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Las dudas planteadas por el Ejecutivo comunitario van desde la necesidad de modificar la transposición de dos leyes europeas hasta si la intervención del Gobierno en la operación responde a un motivo de interés general.
Bruselas también señala que en asuntos bancarios no se justifica elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Consejo de Ministros. A pesar de esto, se aclara que este proceso no afectará la operación de BBVA sobre Sabadell en la práctica, ya que la preocupación principal radica en cómo la legislación española no se ajusta al Derecho de la UE.
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha manifestado su disposición a cooperar para explicar cualquier diferencia jurídica o técnica. Se destaca que la normativa cuestionada por Bruselas está vigente desde hace años y ha sido aplicada en diversas ocasiones, como la ley de Defensa de la Competencia aprobada en 2007 y la ley de Solvencia de las Entidades de Crédito aprobada en 2014.
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