El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo debido al retraso por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en llevar a cabo la evaluación del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, aprobado el pasado 18 de octubre.
Según lo establecido en la disposición adicional quinta de esta norma reglamentaria, después de un año de la implementación del baremo, el Imserso debería realizar una evaluación y proponer las modificaciones necesarias. Sin embargo, este plazo venció en abril de 2024, lo que significa que la evaluación prevista acumula un retraso de aproximadamente un año y medio.
El CERMI destaca la importancia de esta evaluación para poder ajustar y mejorar el nuevo baremo según los resultados obtenidos en la práctica. Es fundamental verificar si las previsiones de la norma han cumplido con su propósito original y, en caso contrario, realizar correcciones necesarias para garantizar su eficacia.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de que las instituciones cumplan con los plazos establecidos y garanticen la correcta aplicación de las normativas en beneficio de las personas con discapacidad. El seguimiento y la evaluación periódica son clave para asegurar que las medidas adoptadas realmente contribuyan a mejorar la calidad de vida de este colectivo.
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