Un total de 260 menores migrantes solicitantes de protección internacional y otros 40 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad han sido trasladados desde Canarias a la Península, como parte de un plan del Gobierno de España para dar respuesta a un mandato del Tribunal Supremo. Este organismo ha ordenado al Estado hacerse cargo de aproximadamente 1.000 menores migrantes no acompañados que solicitan asilo.
Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se prevé aumentar el ritmo de derivaciones y traslados a partir de septiembre. Hasta la fecha, se han retirado del sistema de acogida canario estos 260 menores y 40 jóvenes, siendo trasladados a centros en la Península. Sin embargo, el Gobierno de Canarias considera que el número de traslados es insuficiente.
La Secretaría de Estado de Migraciones está en conversaciones con diversas comunidades autónomas para ampliar los recursos disponibles para estos menores. A pesar de las dificultades de apertura de centros en agosto, se prevén nuevos traslados desde Canarias a la Península. Se espera que se incremente el número de comunidades autónomas involucradas en el proceso.
La protección y seguridad de estos menores es prioritaria, por lo que el Ministerio no revelará los lugares de los traslados para evitar posibles situaciones de persecución. La complejidad del proceso se centra en atender a los más vulnerables, como los de menor edad, las niñas y aquellos con situaciones personales complicadas.
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha anunciado la creación de 110 nuevas plazas en distintas comunidades autónomas a lo largo de septiembre para recibir a estos menores. Sin embargo, se destaca la necesidad urgente de cumplir con las directrices del Tribunal Supremo, ya que el ritmo de traslados no se ajusta a la gravedad de la situación en Canarias ni a lo exigido por el auto judicial.
Es fundamental que el Estado despliegue todos los recursos necesarios para garantizar la dignidad de estos menores y la viabilidad del sistema de acogida en el archipiélago. A pesar de los esfuerzos del Ministerio del Interior en la tramitación de las solicitudes de asilo, es necesario un cumplimiento estricto de los mandatos judiciales para asegurar un proceso ágil y efectivo en beneficio de estos menores migrantes.
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