Més per Menorca, de la mano de toda la izquierda, vota en contra de su propia iniciativa al considerar que se ha desvirtuado su sentido
El PP defiende cree que los cambios hacen la norma más útil, mientras Vox dice que no quiere «asfixiar» la actividad económica
Castells, promotor de la ley: «Votemos en contra y volvamos a la casilla de salida»
El Parlament ha aprobado, con los votos del PP y de Vox y el rechazo de la izquierda –28 a favor y 21 en contra–, la proposición de ley para prevenir la celebración de fiestas ilegales y las actividades molestas en viviendas turísticas.
El pleno ha debatido y votado este martes el dictamen de la iniciativa legislativa promovida por Més per Menorca salido de la Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes de la Cámara autonómica.
Fue allí donde se incluyeron unas enmiendas del PP y de Vox que, para la izquierda, desvirtúan por completo el propósito con el que presentaron la proposición de ley. Concretamente, porque consideran que los propietarios, a quienes se pretendía hacer corresponsables de las molestias, ahora estarán más protegidos.
El portavoz de los menorquinistas, Josep Castells, promotor de la iniciativa, ha llamado a todos los grupos a votar en contra y volver «a la casilla de salida» ante el fracaso de un proceso legislativo que no da una solución a un problema que todos han coincidido en identificar.
No ha sido así y, mientras que toda la izquierda ha votado en contra, el PP y Vox han aprobado la ley que incluye todas sus modificaciones –reformulando prácticamente toda la norma– y ninguna de las enmiendas de la oposición.
El dictamen de la proposición de ley, que en su título ya elimina el adjetivo «ilegales», constata que el alquiler turístico ha proliferado a lo largo de los últimos años y ha traído aparejados problemas de convivencia como las fiestas que perturban a los vecinos.
Es por ello que se entiende necesario la aprobación de una normativa que ahora busca que los «propietarios, explotadores o comercializadores» de las viviendas turísticas «tomen medidas preventivas para contribuir a respetar el derecho al descanso de los residentes».
Para ello, deberán informar a sus inquilinos de la prohibición de celebrar fiestas o eventos que puedan alterar la convivencia. En caso de que se produzcan, las enmiendas del PP y de Vox marcan que 24 horas después de tener conocimiento de los problemas deberán exigir a los supuestos infractores que abandonen el inmueble, aunque no detalla la forma en la que deberá hacerse.
La presunción de conocimiento por parte de los propietarios, según se establece en el texto, «únicamente será aplicable cuando haya una evidencia clara» de que este ha sido informado o consintió la actividad ilícita.
La proposición de ley que ha salido adelante cataloga como una infracción grave no hacer constar la prohibición de celebrar estas fiestas en el contrato de arrendamiento o no adoptar las medidas necesarias para evitarlas.
También establece la posibilidad de que los consells insulares y los ayuntamientos creen mecanismos de cooperación para intercambiar información y tratar de ser más eficaces en la prevención de estas situaciones. Este protocolo, según marca la proposición de ley, permitirá comunicar a las policías locales los datos de las empresas comercializadoras de los inmuebles turísticos para que puedan identificar a sus responsables.
No obstante, se ha eliminado la parte del texto que, inicialmente, daba potestad a la administración a echar mano de «todos los mecanismos legales necesarios» para perseguir estas actividades y responsabilizaba a los propietarios de las fiestas celebradas entre las 23.00 y las 08.00 horas sin autorización previa.
Tampoco sigue en el texto los puntos en los que se detallaban que las sanciones podrían oscilar entre los 1.500 y los 30.000 euros y conllevar la retirada de la autorización para ejercer el alquiler turístico.
VOTOS PARTICULARES DE LA IZQUIERDA
Antes de iniciarse el debate, el PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han defendido sendos votos particulares para desechar el redactado actual de la ley, dado que han considerado que no tiene nada que ver con su objetivo inicial.
Castells ha recordado que el objetivo era «corresponsabilizar» a los propietarios de las viviendas de las molestias que puedan causar sus inquilinos, pero ha considerado que ahora quedarán «eximidos de toda responsabilidad».
«No recuerdo haber aprobado nada en este Parlament que fuera tan absurdo como este pacto al que han llegado el PP y Vox», ha lamentado. Es por ello que ha instado a dar marcha atrás o, al menos, llegar a un acuerdo que no haga «avergonzarse» a los miembros de la Cámara autonómica.
En la misma línea se ha expresado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha sostenido que la ley, en vez de perseguir las fiestas ilegales en las viviendas turísticas, las fomentará. El socialista Alejandro Pitaluga ha considerado que, tal y como está redactada ahora, la ley parece «no querer molestar a nadie» y proteger a quien «se enriquece a costa del bien común».
La diputada del PP María Salomé Cabrera ha defendido el procedimiento seguido para modificar la norma y la responsabilidad de su partido a la hora de presentar unas enmiendas que buscan dotar de utilidad al texto, aunque ha reconocido que están de acuerdo con el «espíritu» inicial de la proposición.
La parlamentaria de Vox María José Verdú, por su parte, ha defendido que la lucha contra las fiestas ilegales se realice «con proporcionalidad y evitando un marco que asfixie la actividad económica».
Con todo, los votos –22 a favor, 27 en contar y una abstención– de los ‘populares’ y los de Santiago Abascal han tirado abajo los votos particulares de los tres grupos de la izquierda.
DEBATE DE LA LEY Y SUS ENMIENDAS
Tras este trámite se ha iniciado el debate de la proposición de ley propiamente dicho, en el que los partidos han mantenido posturas idénticas a las avanzadas durante la valoración de los votos particulares.
La izquierda ha defendido varias enmiendas que habían presentado al articulado –que buscaban que volviera a su estado original y detallar algunas cuestiones–, pero han sido rechazadas con los votos del PP y de Vox.
Pitaluga, diputado por Ibiza, ha puesto sobre la mesa la problemática que se vive en la mayor de las Pitiusas, en las que hay viviendas «convertidas en discotecas» que acumulan denuncias y sanciones sin que nada cambie.
Pese a ello, el PP y Vox «han cogido el contenido de la proposición de ley y le han arrancado su espíritu». «La han convertido en una carcasa que mantiene la apariencia de la regulación pero no protege a nadie», ha lamentado el socialista, haciendo referencia a la ausencia de «sanciones efectivas y un mensaje claro a los infractores».
Castells, por su parte, ha centrado parte de su discurso en tratar de desacreditar los argumentos de Vox. «Defienden la libertad de quien molesta y se la niegan a quien es molestado», ha reprochado.
A su parecer, los diputados han fracasado en conseguir un texto que de soluciones a un problema que todos han coincidido en diagnosticar. Así, ha pedido al PP y a la izquierda que votaran en contra y se volviera «a la casilla de salida».
Apesteguia ha vaticinado que la nueva ley no conllevará cambios y que los vecinos que soportan estas fiestas «estaban igual de indefensos ayer que lo estarán mañana».
Verdú ha considerado que el articulado de Més per Menorca era «intervencionista», «criminalizaba» a los propietarios y «asfixiaba» la actividad económica». Cabrera, por su parte, ha insistido en que su partido está de acuerdo con el espíritu de la iniciativa pero no en sus formas, pues consideran que, entre otras cuestiones, «choca con la inviolabilidad del domicilio».
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