El Partido Popular ha solicitado la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para informar sobre el nuevo plan estratégico de la compañía. Este plan se encuentra en medio de negociaciones para un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a unos 6.000 trabajadores.
La solicitud de comparecencia de Murtra, según informes del diario ‘ABC’ y Europa Press, tiene como objetivo que el directivo explique el plan estratégico para el período 2026-2030, considerado de interés para la seguridad nacional. El nuevo plan de Telefónica, presentado el 4 de noviembre, incluye medidas de eficiencia con las que se espera reducir costes en aproximadamente 2.300 millones de euros para 2028 y hasta 3.000 millones de euros hacia finales de la década.
Dentro de estas medidas de eficiencia se contempla la reducción a la mitad del dividendo para 2026, quedando en 0,15 euros por título, así como la implementación de un ERE en siete sociedades del grupo que afectaría a alrededor de 6.000 personas, aunque la cifra exacta se definirá al concluir las negociaciones con los sindicatos.
El Partido Popular también ha registrado en el Congreso una serie de preguntas dirigidas al Gobierno relacionadas con este proceso de despido colectivo. Dentro del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su oposición al ERE en Telefónica, calificándolo de «indecente» en una carta dirigida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad a través de la cual el Estado posee un 10% de la compañía tras una inversión de casi 2.300 millones de euros.
En este contexto, se plantean interrogantes sobre las acciones concretas que se han tomado para evitar el ERE en Telefónica, así como si se han dado instrucciones al consejero dominical de la SEPI en la compañía para oponerse a este proceso de despido colectivo.
El debate se intensifica con preguntas como «¿Cómo es posible que se plantee un despido masivo de miles de trabajadores en una empresa cuyo consejo de administración forma parte del mismo Gobierno que alaba el desempeño de la economía española?».
Esta situación genera incertidumbre y controversia en el ámbito laboral, político y económico, y se espera que las próximas decisiones y acciones tanto de Telefónica como del Gobierno arrojen luz sobre el futuro de la compañía y de los trabajadores afectados.
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