El Gobierno ha enfatizado la importancia del consenso social para la aprobación de las reformas de las leyes de Dependencia y Discapacidad que actualmente se encuentran en proceso en el Congreso. Esta declaración se realizó durante la reunión del Consejo de Ministros en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre.
En el comunicado, el Gobierno se compromete a garantizar el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma. Para lograr esto, se hace un llamado al consenso social que rodea la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, similar al proceso de reforma constitucional del artículo 49.
Dentro de estas reformas se contemplan compromisos específicos, como la promoción de nuevos servicios de cuidados y apoyos en el hogar, la actualización de servicios y prestaciones, y el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para asegurar el acceso a apoyos diversos que garanticen el derecho a una vida independiente para las personas con discapacidad.
Se busca eliminar incompatibilidades entre servicios y prestaciones para personalizar la atención a cada individuo, otorgando mayor flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades específicas. Estas medidas permitirán, por ejemplo, combinar un empleo con un servicio de apoyo, evitando penalizaciones y fomentando la independencia laboral.
La reforma también responde al mandato del artículo 49 de la Constitución, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y de la infancia con discapacidad. Se busca acelerar la transformación del modelo de cuidados hacia uno que se ajuste a las preferencias y necesidades individuales, abandonando el modelo asistencialista.
Además, se reconoce la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de los poderes públicos, incluyendo medidas legales para proteger el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, como la instalación de ascensores, rampas y dispositivos accesibles en comunidades de propietarios.
En resumen, estas reformas buscan mejorar el acceso a la justicia, eliminar brechas de género y discapacidad, y prevenir cualquier forma de violencia. Se espera que estas medidas representen un avance significativo para las personas con discapacidad, brindando apoyos más diversos y personalizados que promuevan la autonomía e inclusión social.
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