La ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado que se invertirán 13.000 millones de euros en los próximos 10 años en la empresa estatal de vivienda, con una asignación de 1.300 millones al año a partir de 2026. En una entrevista con ‘La Vanguardia’, Rodríguez explicó que esta inversión permitirá que la empresa sea económicamente viable sin necesidad de más fondos públicos, una vez alcanzado este nivel de inversión. Actualmente, la empresa cuenta con un importante patrimonio de 40.000 viviendas, algunas de las cuales estarán disponibles a partir del primer trimestre de 2026.
El objetivo principal de esta inversión es garantizar el acceso a la vivienda, protegiendo el parque público de vivienda y asegurando la tranquilidad y asequibilidad para quienes viven de alquiler. Para mejorar la transparencia y facilitar el acceso, se habilitará un portal web donde se podrán consultar las características de las viviendas y su ubicación.
Rodríguez también se refirió a la limitación de los alquileres al 30% de la renta, afirmando que esto podría reducir significativamente los precios, llegando a situar el alquiler de una vivienda de 70 a 80 metros cuadrados en Barcelona en torno a los 713 euros.
En cuanto a la ley del alquiler de temporada, la ministra expresó su esperanza de que no siga paralizada en el Congreso y llamó a los diferentes grupos políticos a llegar a acuerdos. Destacó la importancia de colaborar con Cataluña para abordar los problemas de acceso a la vivienda, haciendo hincapié en la necesidad de encontrar soluciones para los ciudadanos afectados por el fraude en los alojamientos de temporada.
Por último, Rodríguez abordó las acusaciones de acoso sexual contra el exdirigente del PSOE Francisco Salazar, rechazando rotundamente este tipo de actitudes y confiando en una respuesta rápida y efectiva. Subrayó la importancia de los avances en derechos de igualdad de las mujeres como parte del legado del partido.
En resumen, la ministra Isabel Rodríguez ha destacado la importancia de la inversión en vivienda pública para garantizar el acceso a la vivienda, la transparencia en el proceso de alquiler y la lucha contra el fraude en los alojamientos de temporada, al mismo tiempo que reafirma el compromiso del Gobierno con la igualdad de género y la erradicación de conductas machistas en la sociedad.
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