El Gobierno de Aragón ha manifestado su profundo malestar ante un nuevo recorte arbitrario de los recursos asignados a la comunidad. Según los datos definitivos de la liquidación del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas correspondiente al ejercicio 2023, Aragón recibirá 120,8 millones de euros, frente a los 125,7 millones anunciados anteriormente, lo que representa una disminución de 4,9 millones. Este recorte se suma a una serie de recortes sucesivos que han afectado a la financiación de la región.
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha expresado su indignación ante esta situación. Además, denunció que en 2024, Aragón y Extremadura fueron las únicas comunidades cuyos ingresos se redujeron, siendo especialmente impactante la caída en Aragón con un descenso del 1,7%, mientras que el resto de comunidades experimentaron un incremento medio del 2,56%.
En total, los recortes aplicados por el Gobierno central a la Comunidad de Aragón ascienden a 97,5 millones de euros en 2025 respecto a los recursos recibidos en 2024, lo que supone un grave perjuicio para los servicios públicos esenciales. El consejero Bermúdez de Castro calificó esta situación como un auténtico atropello a los intereses de Aragón, criticando la disparidad en el trato financiero entre comunidades.
Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico no descarta acudir a los tribunales para revertir la decisión y exigir una revisión detallada de los cálculos utilizados. Además, se ha señalado el incumplimiento del compromiso de ingreso de los atrasos de las entregas a cuenta, lo que genera incertidumbre en la planificación financiera de la región.
El Gobierno de Aragón reclama la información urgente sobre las entregas a cuenta del ejercicio 2026 y la previsión de la liquidación correspondiente a 2024, considerando estos datos imprescindibles para fijar el techo de gasto autonómico. Se destaca la necesidad de reformar el Sistema de Financiación Autonómica para garantizar un nivel de ingresos justo y suficiente que permita mantener los servicios públicos fundamentales en la región.
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