El número de plazas en residencias de mayores en España descenderá hasta las 395.065 en 2024, 3.510 menos que el año anterior, la primera vez que se registra un descenso interanual en los últimos diez años (desde 2014), según a un informe publicado este martes por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Así, el estudio alerta de que el «déficit» de plazas residenciales para personas mayores en España «sigue aumentando tras la pandemia». En concreto, revela que en los tres años posteriores a la pandemia (2021, 2022 y 2023) las plazas para vivir aumentaron en 6.031, mientras que la población mayor de 65 años aumentó en más de 600.000 personas en los mismos años.
Según el informe, se necesitarían 89.324 plazas residenciales para llegar a cinco plazas por cada 100 personas de 65 y más años; y al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas con Adicciones Severas o Mayores.
En concreto, el estudio indica, citando datos del IMSERSO, que hay 34.622 personas en lista de espera con grado II y 17.420 con grado III, además de 65.602 en espera de evaluación, de las que se espera obtener una de estas calificaciones, y 15.732 de estas calificaciones. . con prestaciones ineficaces, lo que eleva la cifra a 133.376 personas.
Entre ellos, según los autores del informe, el 35% de los de grado III y el 22% de los de grado II solicitarían un servicio residencial en un mercado público, subsidiado o en beneficio económico relacionado con ese servicio. A partir de aquí se estima que se necesitarían unas 35.000 plazas residenciales sólo para cubrir la demanda en la lista de espera de la agencia.
Además, el estudio señala que los datos publicados recientemente por el IMSERSO indican «un descenso» del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura, que es el más bajo de toda la serie (desde 2010). Así, la ocupación total alcanza el 84,1% de las plazas (332.431 usuarios).
EL MAYOR DÉFICIT DE PLANOS DE ANDALUCÍA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA
Por comunidades autónomas, el análisis indica que las que presentan un mayor déficit de plazas son Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 35.857 y 24.801 respectivamente. Entre ambos, representan más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%). Mientras, hay exceso de plazas en seis comunidades, destacando Castilla y León con 17.234. Por su parte, Navarra, Cantabria y La Rioja son las comunidades con mayor equilibrio en la ratio de plazas por persona mayor de 65 años, añade.
Además, el estudio destaca que 7 de cada 10 plazas residenciales para personas mayores están financiadas con fondos públicos (69,6% del total), un total de 275.094, frente a 119.971 exclusivamente privadas. Esta cifra incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación relacionada con el servicio.
Los datos también muestran que tanto el número como el porcentaje de plazas financiadas con fondos públicos han aumentado «ligeramente» desde 2015, hasta alcanzar las 2,84 plazas por cada 100 mayores de 65 años, la cifra más alta registrada. Las comunidades con mayor cobertura de plazas financiadas con fondos públicos son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón; mientras que Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se encuentran en el extremo opuesto.
En 2023, el Ministerio de Derechos Sociales propuso a las CCAA una estrategia de desinstitucionalización, para favorecer la permanencia de las personas dependientes en sus hogares, que, de concretarse, reduciría la necesidad de lugares donde vivir.
Aunque la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales lamenta que «no se han dado pasos decisivos en esta estrategia, el fortalecimiento de los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio, que se mantiene prácticamente igual que el año pasado». anteriormente’, con una cobertura del ‘5,5%’ en 2023, ‘apenas seis décimas más que el año anterior a la pandemia’.
Por otro lado, alerta de que la media de horas de atención y cuidados alcanza sólo las 21,1 horas mensuales, la misma cifra que en 2012.
«Estos datos deficientes y los escasos o nulos avances de los últimos años impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que el coste recaiga sobre las propias personas o sus familias, y casi siempre a costa de la vida personal y de conciliación de quienes suelen estar en la inmensa mayoría quienes prestan estos cuidados son mujeres», advierte la asociación.
Por otro lado, espera que en la actualización del censo de centros residenciales de 2024 la cifra coincida o «se acerque» a los datos del Informe Mayor presentado por el mismo organismo (IMSERSO); y solicita al IMSERSO que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para establecer un coeficiente más adecuado a la sociedad actual ya que, actualmente, el índice de cobertura se calcula tomando como referencia la población mayor de 65 años cuando la edad media de las personas mayores en residencia es alrededor de 85 años.
“Algunas referencias esenciales, ya que todavía se están creando centros residenciales en base a promesas electorales. La planificación racional debe prevalecer sobre estas prácticas para que, si se construyen nuevos centros, se hagan donde viven las personas que los necesitan y sus familias. como demanda la sociedad. que la residencia sea auténticos servicios de proximidad», subraya la asociación.