La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre las consecuencias legales de no crear el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). García hizo hincapié en que el artículo 410 del Código Penal español establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen a cumplir resoluciones judiciales o órdenes competentes pueden enfrentar responsabilidades penales, incluyendo multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Según García, todas las comunidades autónomas han avanzado en la implementación del registro, excepto la Comunidad de Madrid, donde el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad ha tomado medidas legales para garantizar el cumplimiento de la ley, lo que resultó en una resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para establecer su registro.
La ministra reprochó a la presidenta de la Comunidad de Madrid por expresar su negativa a aplicar el registro, destacando que su compromiso es hacer cumplir la ley y proteger los derechos de las mujeres. Enfatizó que en España las leyes deben cumplirse sin importar las preferencias personales, y que las resoluciones judiciales deben acatarse.
En los próximos días, el Ministerio de Sanidad enviará cartas a todas las comunidades autónomas solicitando información detallada sobre la organización de la prestación de servicios relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo. El objetivo es conocer qué centros ofrecen estos servicios, la cantidad de profesionales objetores y las medidas adoptadas para garantizar la efectividad del servicio.
Esta situación pone de manifiesto la importancia del cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de las mujeres en el ámbito de la salud reproductiva en España. La actuación del Ministerio de Sanidad busca garantizar el acceso a servicios seguros y legales para las mujeres que requieren una interrupción voluntaria del embarazo.
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