La iniciativa cuenta con itinerarios personalizados de inserción y un acompañamiento individualizado, entre otras medidas
El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha lanzado un Plan de actuación para la mejora de la empleabilidad de la población gitana (2025-2028), que tiene como objetivo mejorar el acceso al mercado laboral, la formación y el emprendimiento de 107.000 personas del colectivo.
Este introduce objetivos verificables y asigna recursos específicos para conseguirlo. Está dotado con 304,66 millones euros, con cargo principalmente al Fondo Social Europeo Plus (FSE+), va dirigido a las 107.000 personas gitanas que constan como demandantes de empleo y articula 12 líneas de actuación prioritarias.
Este Plan da respuesta a lo establecido en la actual Ley de Empleo, que reconoce a la población gitana como uno de los «colectivos de atención prioritaria» en las políticas de empleo.
Entre las principales medidas que recoge el Plan se encuentran: Itinerarios personalizados de inserción, con un acompañamiento individualizado; formación en alternancia con el empleo (Programas TándEM) dirigida a las personas jóvenes gitanas que actualmente ni estudian ni trabajan; acuerdos con empresas que incluyan incentivos para la contratación; apoyo integral a las mujeres gitanas con actuaciones de formación y asesoramiento para favorecer su empleabilidad; emprendimiento y modernización de la venta ambulante, etc.
En la presentación del plan, que ha tenido lugar este miércoles en el Salón de actos de la Dirección Provincial del SEPE de Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha recordado que este año tiene lugar el 600º aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Este acontecimiento ha dicho que tiene una «doble significancia».
BUSTINDUY DESTACA LAS «DESIGUALDADES ESTRUCTURALES» DEL COLECTIVO
Por un lado, Bustinduy ha destacado que se trata de un año para «poner en valor la profundísima huella cultural, social, lingüística, política que el pueblo gitano ha dejado y deja cada día en España». Además, ha añadido que debe servir para reconocer las «profundísimas desigualdades estructurales que afectan de manera cotidiana y desproporcionada e injusta a la población gitana en este país».
En este sentido, ha indicado que existe un 17% de la población gitana con estudios secundarios obligatorios frente al 77% de la población general. También ha agregado que un 26% de las personas gitanas reciben rentas del trabajo con un salario medio de 754 euros frente a los 1.250 del resto de población.
«Hay quien usa estas cifras y estos datos exactamente para lo contrario de lo que hay que hacer en una democracia, para estigmatizar, para culpabilizar, para imputar responsabilidades individuales, cuando de lo que estamos hablando es de una realidad social y de una responsabilidad colectiva», ha apuntado el ministro.
Respecto al plan, Bustinduy ha avanzado que «va a incidir directamente sobre la realidad cotidiana vivida de la población gitana en España, desplegando medidas para facilitar el acceso de las personas gitanas desempleadas a los servicios públicos de empleo, a la formación, a la adquisición de competencias digitales, al asesoramiento, al acompañamiento».
Finalmente, ha señalado que, a su juicio, lo primero que se tiene que hacer desde el Gobierno es «reconocer que la democracia española tiene una deuda insaldable con el pueblo gitano».