Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que insta al Gobierno a desarrollar un protocolo estatal contra la violencia digital y política dirigida a las mujeres, así como a fortalecer la responsabilidad de las plataformas digitales. Esta propuesta busca prevenir y abordar la violencia en línea contra las mujeres, inspirándose en prácticas iberoamericanas que incluyan mecanismos de denuncia, protección y reparación.
La iniciativa también hace un llamado a condenar en términos enérgicos las campañas de acoso y violencia en redes sociales dirigidas a mujeres políticas, periodistas, activistas y creadoras feministas. Se destaca la importancia de reconocer que esta forma de violencia constituye una manifestación del machismo, con repercusiones que van más allá del ámbito digital, afectando la participación pública de las mujeres.
Asimismo, se propone incorporar de manera explícita la violencia política contra las mujeres en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantizando su seguimiento y dotación presupuestaria. Se aboga por fortalecer el Observatorio Estatal de Violencia contra las Mujeres con un enfoque específico en la violencia política y digital.
Además, se solicita regular y reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales, exigiendo la implementación de mecanismos eficaces para detectar, eliminar y responder a contenidos abusivos. Se plantea la necesidad de establecer protocolos de atención a víctimas y colaborar con las autoridades competentes en la lucha contra la violencia en línea.
En cuanto a campañas de sensibilización y formación, se propone desarrollar iniciativas que conciencien sobre el impacto de la violencia digital y política en la calidad democrática y en el derecho a la participación de las mujeres. Se enfatiza la importancia de ofrecer apoyo psicosocial, jurídico y tecnológico a las afectadas, priorizando a aquellos casos de especial vulnerabilidad.
En última instancia, se reitera el compromiso con la igualdad de género, la libertad de expresión y la participación plena de las mujeres en la esfera pública y política, así como la erradicación de todas las formas de violencia machista que buscan limitar estos derechos fundamentales.
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