En los últimos 90 años, al menos 25 incidentes documentados de contaminación de excipientes han causado más de 1.300 muertes en todo el mundo, muchas de ellas de niños. Esta problemática se debe a vulnerabilidades sistémicas en la cadena de suministro global de excipientes farmacéuticos, afectando de manera desproporcionada a personas en países de ingresos bajos y medianos.
El informe titulado ‘Medicamentos contaminados e integridad de la cadena de suministro de excipientes farmacéuticos’ destaca una crisis de salud pública debido a la contaminación de medicamentos con productos químicos tóxicos como el dietilenglicol y el etilenglicol. Estas sustancias, utilizadas como disolventes industriales, pueden causar graves problemas de salud e incluso ser mortales, especialmente en niños.
La mayoría de los casos recientes se refieren a medicamentos líquidos orales de bajo costo, dirigidos específicamente a niños y disponibles en farmacias, boticas o mercados callejeros informales. Las redes criminales aprovechan las lagunas regulatorias para introducir sustitutos tóxicos en la cadena de suministro, utilizando etiquetas falsificadas y sustituyendo excipientes legítimos por productos químicos peligrosos.
El informe hace un llamado a la acción urgente a nivel mundial para cerrar las brechas regulatorias, fortalecer la supervisión de las cadenas de suministro de excipientes y proteger a las poblaciones más vulnerables. Destaca la importancia de contar con sistemas regulatorios sólidos para garantizar el acceso a productos seguros y de calidad.
Además, se resalta la dimensión criminal del problema, con grupos delictivos organizados falsificando documentación y sustituyendo productos químicos de grado industrial. Se insta a una mayor cooperación transfronteriza y al uso de instrumentos jurídicos internacionales para combatir esta amenaza.
En conclusión, es crucial tomar medidas inmediatas para prevenir nuevas tragedias evitables y proteger a las futuras generaciones de los daños causados por medicamentos contaminados. La colaboración entre todas las partes interesadas, incluidos organismos de cumplimiento de la ley y fabricantes farmacéuticos, es fundamental para abordar este grave problema de salud pública.
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