La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta de Extremadura, Rosa Ramos, junto con el director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado, ha participado en la reunión de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones, donde se acordó una posición común de rechazo ante la propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034.
En dicha reunión, se manifestó un rechazo particular hacia la creación de los planes de colaboración nacional y regional, que concentrarían recursos limitados en planes únicos por Estado miembro destinados a políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura, la pesca, el empleo, la inclusión social, la vivienda y la seguridad y defensa. Esta centralización de decisiones en los Estados miembros podría comprometer el principio de cohesión y el desarrollo equilibrado de la Unión.
Ramos destacó que esta propuesta supone un cambio profundo en la política de cohesión europea al integrar los principales fondos europeos en un único fondo y plan por Estado Miembro, lo que afectaría la capacidad de las regiones para decidir sobre sus inversiones y prioridades. Asimismo, resaltó la importancia de garantizar recursos suficientes y adecuados para todas las regiones, promoviendo un desarrollo equilibrado e inclusivo en toda la Unión Europea.
En cuanto a la Política Agrícola Común (PAC) y el desarrollo rural, se hizo hincapié en la necesidad de mantener un presupuesto propio, conservar la estructura de dos pilares, priorizar el sector agrario y reforzar la seguridad alimentaria y el relevo generacional. Se subrayó la importancia de preservar un enfoque territorial claro en el desarrollo rural para evitar que las zonas rurales queden relegadas frente a otras prioridades.
Se hizo especial énfasis en la situación de Extremadura, una de las regiones más rurales de España, afectada por la despoblación, y se solicitó al Estado español que defienda ante la Unión Europea la posición común de las comunidades autónomas en la gestión de fondos y la implementación de reformas, fundamentales para garantizar que la política de cohesión cumpla sus objetivos.
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