 
        Vox llevará la próxima semana a votación en el Congreso de los Diputados la destitución de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su «negligente gestión» en las pulseras telemáticas para maltratadores. La iniciativa surge después de que la Fiscalía General del Estado alertase en su Memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en el Sistema Cometa, encargados del funcionamiento de los dispositivos para maltratadores.
En concreto, Vox pide la destitución inmediata de Redondo por su negligente gestión de los sistemas de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual. Además, solicita que sea el Ministerio del Interior el órgano ministerial que asuma el control de los dispositivos.
Además, Vox propone derogar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y revertir los efectos de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como Ley del ‘solo sí es sí’. La intención es introducir cambios normativos para garantizar la protección real de todas las mujeres, lejos de dogmatismos ideológicos.
Asimismo, se plantea la suspensión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recientemente renovado, debido al fracaso demostrado por las políticas impulsadas por este Pacto. Se propone también la supresión del Ministerio de Igualdad y la realización de una auditoría para fiscalizar el gasto público destinado a políticas contra la violencia de ‘género’ desde 2005 hasta 2025, con el objetivo de clarificar cuántos de esos fondos se han destinado realmente a la atención de las víctimas.
Además, se hace un llamado a dotar al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para garantizar la efectiva protección de las mujeres. Por otro lado, se reclama la eliminación de las subvenciones concedidas como consecuencia de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, asegurando que esos recursos económicos se destinen a la protección real de las víctimas.
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