La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre en rechazo al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.
Tras casi tres años de negociaciones y más de 60 reuniones, no se ha logrado un acuerdo satisfactorio sobre un documento vigente desde 2003. Los sindicatos exigen un Estatuto Marco propio para los médicos, argumentando la necesidad de un Ámbito de Negociación diferenciado y de interlocutores propios ante la Administración.
Entre las demandas se encuentra la discrepancia en la clasificación de los grupos profesionales, donde se critica la falta de diferenciación entre titulados MECES III y II, lo que podría equiparar a graduados con 240 créditos con formación especializada a médicos con 360 créditos.
Además, se cuestiona la falta de reconocimiento del nivel de responsabilidad en la clasificación, la ausencia de modificación del EBEP para crear una diferenciación dentro del grupo A, y la falta de garantías en cuanto a las jornadas de guardia y la movilidad forzosa.
Por otro lado, se anunció una huelga indefinida a partir del 27 de enero por el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores. Los sindicatos buscan retribuciones básicas acordes a la clasificación del personal del SNS y una jornada laboral digna y adecuada.
El Ministerio de Sanidad asegura que el borrador del nuevo Estatuto Marco incorpora todas las demandas dentro de su competencia, destacando un proceso de diálogo técnico y político. Se enfatiza en respetar las competencias autonómicas y en la imposibilidad de detallar aspectos operativos de gestión interna.
Se subraya que el Estatuto Marco no puede establecer cifras en retribuciones específicas ni conceder jubilación anticipada, ya que estas competencias corresponden a la Seguridad Social. El Ministerio destaca la importancia de respetar el reparto constitucional de competencias durante el proceso legislativo.
FUENTE
