Organizaciones feministas han alertado de retrocesos y falta de cumplimiento de leyes en materia de igualdad en 2025. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia una acumulación de déficits en la gestión pública, marcada por fallos en servicios esenciales, incumplimientos legislativos y un control deficiente de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista.
Se critica la falta de transparencia en la aplicación de normas, dificultando su evaluación y limitando la capacidad de las instituciones y la sociedad civil para valorar sus efectos. Los fallos en el sistema de pulseras para maltratadores evidencian deficiencias en un contrato firmado durante la etapa de la exministra de Igualdad, Irene Montero.
La reacción del Ministerio ante estos problemas no estuvo a la altura, según la Alianza, con falta de explicaciones inmediatas y acciones concretas. El retraso en la ley contra la trata es especialmente grave, considerando a España como uno de los principales destinos de redes de trata con fines de explotación sexual.
Por otro lado, la Federación Mujeres Jóvenes alerta sobre un preocupante retroceso marcado por la normalización de discursos antifeministas y la reproducción de dinámicas patriarcales en distintos partidos políticos. Se menciona la pérdida de confianza de las mujeres en los espacios políticos y la incoherencia entre discurso público y prácticas internas.
En resumen, se exige un refuerzo de los recursos contra las violencias machistas, la garantía de la aplicación íntegra de la legislación vigente y la coherencia en los discursos desde el poder. La igualdad no debe ser solo un elemento discursivo, sino un pilar esencial de la democracia que demande responsabilidades y consecuencias para quienes incumplan sus compromisos.
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