Los menores migrantes no acompañados que llegan a España han acaparado especialmente la atención durante 2025. Tras el bloqueo y la tensión entre administraciones, el ejercicio ha quedado marcado por el acuerdo que permitió establecer un sistema de reparto entre comunidades autónomas. Además, el Tribunal Supremo ha recordado al Gobierno central su obligación de hacerse cargo de los niños y adolescentes solicitantes de asilo.
En marzo, el Ejecutivo cerró un acuerdo con Junts para el reparto de unos 4.000 menores migrantes que se encontraban en Canarias. El Congreso de los Diputados convalidó en abril el real decreto-ley para llevar a cabo la distribución. El debate en la Cámara Baja contó con 179 votos a favor (PSOE y socios), 170 en contra (PP y Vox) y la abstención de UPN.
En agosto, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas. El Gobierno estableció una capacidad ordinaria de acogida de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Cataluña y 2.325 en la Comunidad de Madrid, entre otras.
Por otro lado, en marzo el Tribunal Supremo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo de unos 1.000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en Canarias. Tras diversas intervenciones del Tribunal Supremo, el Gobierno ofreció 817 plazas para menores migrantes solicitantes de asilo. El término ‘MENA’ ha generado controversia, con la RAE incluyendo su uso despectivo en el diccionario.
La Comunidad de Madrid presentó un recurso contra la desestimación del requerimiento al Gobierno central y solicitó una medida cautelar. Tanto el Gobierno como organizaciones han lamentado la presencia de este término en el diccionario, considerando que deshumaniza a los menores migrantes.
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