Las polémicas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas del PP han marcado la agenda nacional en salud a lo largo de 2025. Los fallos en los cribados de cáncer en Andalucía y la falta de un registro de objetores de aborto han generado tensiones. La compleja relación entre Sanidad y las comunidades autónomas se ha reflejado en los numerosos encuentros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde los consejeros ‘populares’ llegaron a abandonar la mesa de negociación en Zaragoza.
Las acusaciones de «intromisión» de competencias por parte de las autonomías del PP hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, han sido recurrentes. La polémica surgió cuando el Gobierno solicitó a las comunidades los datos de los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix debido a los retrasos en las mamografías en Andalucía. A pesar de las amenazas iniciales de acciones legales por parte de García, actualmente solo la Comunidad de Madrid no ha entregado los datos, aunque se espera que lo haga pronto.
Otro punto de conflicto ha sido la negativa de la Comunidad de Madrid a implementar un registro de objetores de conciencia de aborto. Mientras Madrid considera que atenta contra la libertad de objeción, Sanidad argumenta que es necesario para abordar la falta de servicios públicos de aborto en algunos territorios.
En cuanto a las acciones judiciales, Sanidad envió un requerimiento formal a Madrid, Aragón y Baleares para cumplir con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. La comunidad madrileña, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, fue amenazada con un proceso judicial. Además, surgieron polémicas en torno al Hospital de Torrejón tras la filtración de audios que generaron controversia.
La reforma del Estatuto Marco de los trabajadores sanitarios también ha sido un tema central. Mientras algunos sindicatos han llegado a acuerdos con Sanidad, otros como CESM y SMA han rechazado el texto al considerar necesario un Estatuto propio para los médicos. El PP, por su parte, ha presentado una Proposición No de Ley para exigir la retirada de la reforma del Estatuto Marco.
A pesar de los conflictos, Sanidad ha logrado aprobar importantes iniciativas, como la Agencia Estatal de Salud Pública, el Plan de Salud Mental 2025-2027, y la dotación de 500 millones de euros para la ley ELA. Estas medidas buscan mejorar la atención sanitaria y enfrentar los desafíos de salud pública en el país.
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