Las asociaciones de discapacidad y dependencia están enfocadas en la aprobación final de la reforma de las leyes que regirán en el año 2026. Esta reforma busca eliminar incompatibilidades, garantizar el derecho a la teleasistencia y establecer el reconocimiento automático de la discapacidad al determinar el grado de dependencia.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, destaca la importancia de esta reforma, que se basa en el nuevo artículo 49 de la Constitución. Este artículo ancla los derechos de las personas con discapacidad en un enfoque social y de derechos humanos, marcando un punto de partida para futuras acciones.
El proceso legislativo ha avanzado con la presentación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados en julio, seguido de enmiendas y debates que han superado los primeros obstáculos parlamentarios. Se espera que la ley sea aprobada en el primer trimestre del año 2026, manteniendo el consenso logrado en la reforma del artículo 49.
Entre los aspectos clave de la reforma se encuentran la eliminación de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, la incorporación de servicios al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el establecimiento de la teleasistencia como un derecho y la simplificación de procesos administrativos relacionados con la discapacidad.
Además, se ha eliminado el despido automático de personas con incapacidad permanente, marcando un avance significativo en la protección laboral de este colectivo. Se espera que en el futuro se aborde la compatibilidad entre trabajo y pensión para incentivar la continuidad laboral de las personas con discapacidad.
Sin embargo, persisten desafíos como los retrasos en la valoración del grado de discapacidad en algunas comunidades autónomas, que pueden llegar a ser de hasta dos años y medio, incumpliendo los plazos establecidos por ley. El CERMI continúa presionando para agilizar estos procesos y garantizar el acceso oportuno a los beneficios correspondientes.
En el ámbito europeo, se observa una tendencia preocupante hacia políticas menos sociales, lo que podría afectar la continuidad del apoyo financiero a programas de inclusión social. El CERMI insta a mantener un enfoque centrado en la discapacidad y a no descuidar este aspecto en las agendas globales de la Unión Europea.
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