La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha alertado sobre la grave escasez de profesionales en el sector, con un déficit actual de 160.000 trabajadores que se espera aumente a 639.000 para el año 2030. Esta situación, calificada como «dramática», ha llevado a la FED a solicitar una reunión con las comunidades autónomas y los ministerios pertinentes para abordar esta crisis.
Según datos de un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se estima que España necesitará entre 261.000 y 639.000 nuevos trabajadores antes de 2030 para garantizar la atención a la dependencia. Ante esta urgente necesidad, la FED ha propuesto una serie de medidas inmediatas, que incluyen una planificación estatal de profesionales, un plan de choque en formación y contratación, actualización de los precios de concierto ligada al IPC y al SMI, mejora de las condiciones laborales y una coordinación sociosanitaria efectiva.
El presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, ha destacado la gravedad de la situación, señalando la falta de reconocimiento por parte de los ministerios competentes respecto a la escasez de profesionales en el sector. Fernández-Cid también ha criticado los retrasos en la homologación de títulos y ha hecho hincapié en la necesidad de una mayor flexibilidad para la contratación de personal.
Los perfiles más afectados por esta crisis son gerocultores, auxiliares, personal de ayuda a domicilio y enfermería, con especial énfasis en la atención domiciliaria. La demanda de servicios en este ámbito se ha vuelto exponencial, generando dificultades estructurales para cubrir los puestos necesarios. De hecho, actualmente existen servicios que no se están prestando debido a la falta de profesionales disponibles.
En este contexto, la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno se presenta como un alivio para el sector, permitiendo una mayor disponibilidad de personal. Sin embargo, se hace hincapié en la necesidad de obtener certificados de profesionalidad y en la importancia de brindar formación práctica a estos trabajadores.
Otro aspecto preocupante es la infrafinanciación del sector, con España destinando solo el 0,9% del PIB a la dependencia frente al 1,8% de la media comunitaria. Esta situación ha llevado a un desequilibrio en la distribución del gasto, con un 73% asumido por las comunidades autónomas y un 27% por el Estado.
En definitiva, la falta de profesionales en el sector de la dependencia plantea un desafío estructural que requiere medidas urgentes y sostenibles por parte de las administraciones públicas. La colaboración entre diferentes entidades y la adopción de soluciones rápidas son clave para evitar el colapso del sistema y garantizar la atención necesaria a la población vulnerable.
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