El Gobierno de coalición ha presentado un escrito de disconformidad en el Congreso rechazando la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Podemos para que el Estado adquiera hasta un 51% del accionariado de Repsol a través de la SEPI, argumentando que esto representaría un coste aproximado de 8.960,7 millones de euros para las arcas públicas.
La propuesta de Podemos planteaba que la SEPI adquiriese inicialmente un 25% de la compañía para luego aumentar su participación hasta el 51% antes del 29 de octubre de 2026. Esta iniciativa buscaba recuperar el control sobre el sector energético y financiarla con los fondos destinados a incrementar el gasto en defensa.
El Gobierno tiene la facultad, según la Constitución, de expresar su desacuerdo y vetar propuestas legislativas que impliquen una disminución de los ingresos públicos o un aumento de los costes. En este caso, se señala que la capitalización bursátil de Repsol el 21 de noviembre de 2025 era de 17.570 millones de euros, por lo que la adquisición del 25% costaría aproximadamente 4.392,5 millones de euros, y el restante 26% alrededor de 4.568,2 millones, sumando un total de 8.960,7 millones.
El Gobierno argumenta que esta operación impactaría en la aportación patrimonial a la SEPI, por lo que ha decidido no otorgar su conformidad para la tramitación de esta ley en virtud del artículo 134.6 de la Constitución.
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