La titular de la plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander ha denegado nuevamente la suspensión de la pena de prisión solicitada por las defensas de cuatro trabajadoras del Hospital de Sierrallana, condenadas hace dos años por coacciones contra otros compañeros.
En un auto dado a conocer este lunes, se desestima el recurso de reforma presentado por las trabajadoras, argumentando que seguir trabajando en el mismo puesto aumenta el riesgo de que las conductas delictivas se repitan y deja desprotegidas a las víctimas.
Tres de las trabajadoras fueron condenadas a cinco años y dos meses de prisión, así como al pago de una multa de 14.400 euros, por seis delitos de coacciones. La cuarta trabajadora fue condenada por cinco delitos de coacciones a tres años y medio de cárcel, con la misma multa.
A pesar de abonar las multas, las defensas solicitaron la suspensión de la pena, pero la magistrada rechaza la petición, argumentando que no se puede garantizar que no vuelvan a delinquir. Además, señala que el hecho de que algunas de las trabajadoras sigan laborando en el mismo hospital no garantiza que no coincidan con las víctimas.
La magistrada destaca que permitir que las penadas trabajen juntas en el mismo turno favorece que actúen como grupo, tal como lo hicieron durante 11 años, ejerciendo presión sobre compañeros y superiores. También rechaza la propuesta de prohibirles acercarse a las víctimas, ya que dificultaría su permanencia en el puesto de trabajo si alguna de las víctimas laborara en el mismo lugar.
En cuanto a la situación personal de las penadas, la magistrada enfatiza que el simple hecho de ser madres no justifica la suspensión de la pena. La decisión de la magistrada se basa en la necesidad de proteger a las víctimas y prevenir la repetición de conductas delictivas en el entorno laboral.
FUENTE
