La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (Coner), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han expresado su apoyo a la aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes, considerándola como una medida de responsabilidad política, ética y social.
Para llevar a cabo este proceso de regularización en un tiempo limitado, las entidades firmantes han solicitado a la Administración que facilite el registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias. Se han habilitado dos vías para este fin: una telemática, disponible las 24 horas los siete días de la semana, y otra presencial, que requerirá de cita previa y se llevará a cabo en oficinas designadas por la administración, con un horario específico de lunes a viernes.
Es importante destacar que la irregularidad administrativa en la que se encuentran muchas personas migrantes en España las coloca en una situación de vulnerabilidad, limitando su acceso a derechos básicos y exponiéndolas a diversas formas de discriminación. Según el IX Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, cerca de nueve millones de personas migrantes viven en España, y el 68% de ellos se encuentra en situación de exclusión social debido a su situación administrativa irregular.
Organizaciones como Cáritas han señalado que la regularización administrativa tiene un impacto profundo en la vida de las personas migrantes, permitiéndoles acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas, así como a servicios esenciales como la sanidad, la vivienda y la educación. Además, les brinda la posibilidad de acceder a empleo formal y digno, estabilidad económica y planificación de un proyecto de vida.
En definitiva, la regularización administrativa no solo beneficia a las personas migrantes, sino que también contribuye al sostenimiento de los servicios públicos y fortalece el Estado del bienestar. Es un paso importante hacia la protección, la autonomía y la plena participación social de quienes se encuentran en situación de irregularidad administrativa en España.
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