La Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia antirracismo con el objetivo de reforzar la aplicación de la legislación comunitaria existente, eliminar las barreras estructurales que perpetúan la discriminación y ampliar la cooperación con los Estados miembros y la sociedad civil.
La comisaria de Preparación y Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, ha destacado la importancia de combatir el racismo en todas sus formas y ha subrayado la necesidad de que la legislación funcione en la vida real, no solo sobre el papel. Esta estrategia busca abordar un fenómeno insidioso y destructor que afecta a todas las etapas de la vida, especialmente en un momento en el que los valores democráticos europeos están bajo presión.
La estrategia se centra en tres prioridades. En primer lugar, se busca reforzar la eficacia de la legislación existente, ya que se ha constatado que su aplicación sigue siendo desigual y poco efectiva en varios países. Para ello, se revisará cómo se está aplicando la Directiva de Igualdad Racial en los Estados miembros y se propondrán medidas para fortalecer los sistemas sancionadores nacionales.
Además, se identifica la inteligencia artificial como un nuevo ámbito de riesgo, ya que la complejidad y falta de transparencia de algunos sistemas automatizados dificultan la detección de prácticas discriminatorias.
El segundo eje de la estrategia se centra en eliminar las barreras que dificultan el acceso en igualdad de condiciones a la educación, el empleo o la vivienda para determinados colectivos. Se promoverán medidas para reforzar la educación antirracista, formar al profesorado en la detección de sesgos y estereotipos, y fomentar entornos laborales más inclusivos.
Por último, el tercer eje del plan busca reforzar la cooperación con los Estados miembros. Solo 14 países de la UE cuentan con planes nacionales de lucha contra el racismo, por lo que se aspira a extender esta iniciativa al conjunto de los Veintisiete mediante una mayor coordinación.
En términos presupuestarios, se tiene la intención de duplicar el Fondo Europeo para la Igualdad hasta los 3.600 millones de euros en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, con el fin de reforzar la lucha contra la discriminación y fortalecer la cohesión social y democrática en la Unión.
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