El IX Informe FOESSA, presentado por Cáritas Española, ha alertado sobre una preocupante «fragmentación social» en España, donde convive una «aparente bonanza» con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. Según el informe, 4,3 millones de personas viven en una situación de exclusión severa, lo que refleja un panorama preocupante en el país.
El estudio, realizado por un equipo de 140 investigadores y basado en entrevistas a más de 31.000 personas, revela que la integración social se está deteriorando y que la exclusión grave sigue siendo significativamente alta en comparación con los niveles de 2007. A pesar de las dificultades, se destaca que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa buscan activamente estrategias de inclusión, como buscar empleo, formarse, activar redes y ajustar gastos.
La vivienda y el empleo son identificados como los principales motores de la exclusión social. Se señala que el 45% de la población que vive en régimen de alquiler está en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que representa la cifra más alta en la Unión Europea. Por otro lado, la precariedad laboral afecta a casi la mitad de la población activa, con 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral.
El informe también destaca la importancia de la educación, el origen familiar, la salud y las relaciones sociales como factores multiplicadores de la exclusión. Se menciona que la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ya no protege contra la pobreza y la exclusión, y que el nivel educativo de los padres influye significativamente en las probabilidades de sus hijos de caer en situaciones de pobreza.
Además, se resalta que un tercio de la exclusión severa en España afecta a menores de edad, con una tasa de pobreza del 29%, la más alta entre todos los grupos de edad. El informe también menciona a los jóvenes, con 2,5 millones atrapados en una precariedad estructural que afecta sus salarios y trayectoria laboral.
En cuanto al modelo socioeconómico actual, se advierte que vive de espaldas a los límites del planeta, con una huella ecológica en España que triplica la capacidad de su territorio. Se destaca la necesidad de un cambio radical de paradigma civilizatorio para abordar la desigualdad, la precariedad y la fractura social que caracterizan a la sociedad actual.
El informe concluye con más de 85 propuestas concretas para combatir la exclusión social, que van desde políticas integradas para prevenir la desigualdad hasta medidas para abordar estructuralmente la vivienda y el empleo. Se enfatiza la importancia de transformar el empleo, avanzar en la fiscalidad progresiva y promover la integración real de la población migrante, entre otras recomendaciones. La sociedad se enfrenta a desafíos profundos que requieren una respuesta urgente y coordinada para garantizar un futuro más equitativo y sostenible.
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