En un informe, se establece que uno de los problemas derivados de ello es la inseguridad legal.
La Cáritas diocesana de Barcelona y el observador de la vivienda en el Esade llegaron a la conclusión de que la vivienda en habitaciones ha pasado de ser «una alternativa transitoria a una solución permanente».
Esta es una de las conclusiones del informe «Exclusión común, que vive en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social», preparado por ambas entidades a partir de 62 entrevistas y 4 grupos de discusión, según informó la entidad en un comunicado el martes.
Los autores encontraron que las dificultades para acceder y mantener una vivienda «digna» en una habitación compartida se han convertido en la única alternativa para un gran número de personas en situación de exclusión social.
Según el informe, algunos de los problemas derivados incluyen la incertidumbre legal, ya que la mayoría de las personas no tienen un contrato escrito, y las dificultades para registrarse, ya que el propietario de la habitación o el contrato pueden rechazar o evitar esta opción.
Esto significa, por ejemplo, que no pueden acceder a escuelas en el vecindario o al Centro de Atención Primaria (CAP), entre otros servicios.
La importancia de la intimidad
La imposibilidad de tener un espacio para relajarse, descansar o reflexionar, junto con las restricciones sobre el uso de espacios compartidos, también genera un estado de tensión y estrés «constante», que afecta negativamente la intimidad, la calidad de vida y la salud mental y emocional de las personas.
Las limitaciones y restricciones en el uso de la cocina, la sala de estar, la limpieza y otros espacios de la vivienda, como la lavadora o el acceso a Internet, condicionan la vida de las personas, especialmente en familias con niños.
En este sentido, los autores del informe advirtieron sobre los efectos en la escuela.
La función social de la vivienda
El director del Observatorio de Viviendas Dignas de Esade, Ignasi Martí, instó a poner la realidad de la exclusión residencial en el debate público y a tomar medidas que garanticen «el derecho humano a una vivienda adecuada».
Por su parte, el director de Cáritas Barcelona, Eduard Sala, hizo un llamado a recuperar la «función social» de la vivienda, entendiendo que es un derecho y no un bien especulativo.
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