Hyundai ha sido protagonista de un suceso reciente en el que las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a cientos de trabajadores, mayormente ciudadanos surcoreanos, en instalaciones de la compañía en Georgia. Esta acción se enmarca en una investigación sobre posibles prácticas laborales ilegales, impactando a un total de 475 personas y paralizando la construcción de una fábrica conjunta con LG Energy Solution para la producción de baterías de vehículos eléctricos.
La orden de registro fue llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos como parte de una investigación criminal en curso. Sin embargo, Hyundai ha aclarado que ninguno de los detenidos trabajaba directamente para la empresa, asegurando su compromiso con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en los mercados donde operan.
El ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur ha rechazado la redada, indicando que los trabajadores detenidos formaban parte de una red de subcontratistas y prestaban servicios para diversas empresas en el país. Asimismo, Hyundai ha designado a Chris Susock, director de fabricación en Norteamérica, para supervisar una investigación sobre el cumplimiento de normas en sus proveedores, reafirmando su compromiso con altos estándares legales.
Estas acciones se han dado en un contexto de mayor vigilancia por parte de las autoridades migratorias en Estados Unidos, con el objetivo de llevar a cabo una amplia operación de deportación. La presencia de inmigrantes indocumentados en la fuerza laboral estadounidense representa alrededor del 5%, y las medidas de represión podrían tener un impacto significativo en la producción económica del país. Hyundai ha manifestado su postura de tolerancia cero hacia aquellos que no cumplen con la ley, reafirmando su compromiso con la legalidad en todas sus operaciones.
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