El Consejo Económico y Social (CES) ha identificado la existencia de un «mercado alegal» de citas administrativas en España, según su ‘Informe sobre la realidad migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas’. Este mercado alegal deja a los migrantes en una situación de vulnerabilidad, ya que se lucra de personas extranjeras en necesidad, excluyendo a aquellos que no cuentan con los recursos económicos para acceder a estos servicios.
El informe destaca las dificultades para obtener citas previas a través de Internet, debido a prácticas que desvían estas citas a circuitos privados, cobrando altos precios por el acceso. Esta situación crea un callejón sin salida para muchos migrantes, poniendo en riesgo su estatus migratorio, acceso al mercado laboral y a servicios básicos.
El CES subraya la necesidad de poner fin a estas prácticas alegales y de implementar mecanismos alternativos para obtener citas de forma justa y accesible. Además, insta a habilitar vías de atención presencial para evitar barreras administrativas y garantizar un proceso migratorio ordenado y seguro.
En cuanto a la homologación y equivalencia de títulos extranjeros, el informe señala la existencia de barreras administrativas que dificultan el reconocimiento de cualificaciones adquiridas en el extranjero. También destaca la necesidad de adaptar el sistema de información estadística español para mejorar el análisis de los flujos migratorios y poder implementar políticas basadas en una mejor evidencia.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado el compromiso del Gobierno con las personas en situación irregular y ha destacado la importancia de la regularización. Por otro lado, el presidente del CES, Antón Costas, ha respaldado la necesidad de una reforma del Reglamento de Extranjería para mejorar los efectos económicos y sociales.
En este contexto, se plantea la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de personas. Saiz ha instado a los grupos parlamentarios a asumir responsabilidad y debatir sobre esta iniciativa, mientras que Costas ha destacado la importancia de seguir mejorando el marco legal en materia migratoria para garantizar una integración efectiva y justa.
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