Juan Orlando Hernández, a quien el Sr. Trump llamó víctima de persecución, ayudó a orquestar una conspiración de tráfico durante décadas. Esta red delictiva asoló su país de América Central.
Hernández, presidente de Honduras desde 2014 y reelecto en 2017 en medio de denuncias de fraude electoral, ha sido acusado de colaborar con narcotraficantes para transportar drogas a través de Honduras hacia Estados Unidos. Según investigaciones, su hermano, Tony Hernández, fue condenado en EE. UU. por tráfico de drogas en 2019.
El escándalo reveló la corrupción y el poder de los cárteles en Honduras, así como la vulnerabilidad de la región ante el crimen organizado. Las consecuencias de esta actividad ilegal han dejado un rastro de violencia y deterioro social en el país, con altos índices de criminalidad y una débil institucionalidad.
Esta situación pone en entredicho la capacidad de las autoridades hondureñas para combatir el narcotráfico y la corrupción, así como la necesidad de una cooperación internacional más sólida para abordar estos problemas de manera efectiva. La complicidad de altos funcionarios en actividades ilícitas socava la confianza en las instituciones y pone en riesgo la estabilidad y el desarrollo de la nación.
En medio de estas acusaciones, Hernández ha negado cualquier participación en actividades delictivas y ha afirmado su compromiso con el Estado de Derecho y la lucha contra el crimen. Sin embargo, las pruebas presentadas en su contra plantean dudas sobre su capacidad para liderar de manera honesta y efectiva, y generan interrogantes sobre la integridad de su gobierno y su administración.
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