El Gobierno español ha aprobado en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes, que se estima podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas que presenten solicitud. Esta medida, que no tendrá impacto presupuestario ni en materia de personal, ha generado diversas opiniones y críticas.
Según la memoria del análisis de impacto normativo, el proyecto de Real Decreto para llevar a cabo esta regularización no implicará costes adicionales, ya que la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales de los trabajadores migrantes podría tener un impacto presupuestario positivo. Sin embargo, sindicatos policiales han expresado su preocupación por la falta de medios de refuerzo en este proceso, lo que podría afectar a la seguridad.
La Comisión Europea ha señalado que esta regularización es un asunto de competencia nacional, y que no puede valorarla desde su ámbito de actuación. Por su parte, el Gobierno defiende que el proyecto respeta los límites constitucionales y legales, y se ajusta al ordenamiento jurídico vigente en materia de extranjería.
Además, se prevé que el proceso de regularización sea informado por diversos organismos y ministerios, y se solicitará el Dictamen del Consejo de Estado. La medida busca otorgar seguridad jurídica a los migrantes, fomentar su integración en el mercado laboral y generar un impacto positivo en la economía española.
En resumen, esta regularización extraordinaria de migrantes plantea retos y oportunidades, y su implementación será clave para garantizar un proceso seguro y eficaz que beneficie tanto a los migrantes como a la sociedad en general.
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