El Gobierno español ha asegurado que el texto definitivo del futuro Real Decreto de regularización de migrantes garantizará el respeto a las obligaciones adoptadas a nivel europeo, después de la advertencia trasladada por Bruselas sobre la necesidad de que la iniciativa se ajuste al marco normativo comunitario.
En este sentido, fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones han señalado que la norma se elaborará conforme a los principios de humanidad, solidaridad y responsabilidad que caracterizan la política migratoria de España.
La Comisión Europea ha avisado a España de que, aunque la regularización extraordinaria de migrantes es una competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, las autoridades nacionales deben garantizar que su aplicación no tendrá consecuencias negativas en el resto de países de la Unión Europea.
En un debate en el Parlamento Europeo, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha advertido que un permiso de residencia no es un cheque en blanco para desplazarse por la Unión Europea, y ha recalcado la existencia de reglas claras que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales.
La Secretaría de Estado de Migraciones está trabajando en la incorporación de propuestas y observaciones recibidas en el trámite de audiencias públicas, con el objetivo de lograr un texto definitivo y continuar con su tramitación urgente.
El Consejo de Ministros aprobó iniciar el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. El proyecto de Real Decreto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
Según ha anunciado el Ejecutivo, el proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en el país en el momento de presentar la solicitud. En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con que la solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.
Entre los requisitos se encuentra no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que cumplan con los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año, debiendo luego incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Además, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de cinco años.
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