Expertos en economía han señalado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), implementado en 2020 durante la pandemia de Covid, presenta «limitaciones estructurales» que afectan a su eficacia, llegando a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias.
En una sesión titulada ‘El Ingreso Mínimo Vital, a examen’, organizada por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), se destacó que esta prestación supuso un avance importante en la política social española al establecer una garantía de ingresos mínimos para reducir la pobreza severa y brindar seguridad a los hogares con menos recursos.
Según datos de la Seguridad Social, en 2024 el IMV llegó a más de dos millones de personas en 673.000 hogares, con un gasto total de más de 6.000 millones de euros. Se estima que el programa ha logrado reducir en un 6% la tasa de pobreza severa, con un impacto social significativo.
Sin embargo, los expertos advierten que el IMV enfrenta barreras de acceso y una gestión compleja que limitan su alcance, junto con problemas de incentivos laborales que podrían desincentivar la búsqueda de empleo. Se destaca la falta de armonización territorial, la coexistencia con rentas mínimas autonómicas diversas y la necesidad de mejorar el cálculo de las rentas.
Para mejorar la efectividad del IMV, se proponen diversas medidas, como simplificar los procedimientos administrativos, flexibilizar la gestión a nivel autonómico, corregir cobros indebidos, ajustar la cuantía de la prestación al umbral de pobreza, e integrar complementos para energía y vivienda.
En resumen, se destaca la importancia del IMV como herramienta para combatir la pobreza, pero se hace hincapié en la necesidad de abordar sus limitaciones estructurales para maximizar su impacto y garantizar una cobertura efectiva a quienes más lo necesitan.
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