El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a establecer programas de apoyo a las familias a través de bonos o ayudas para actividades extraescolares, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y laboral, y evitar que esta responsabilidad recaiga de manera desproporcionada en las mujeres.
En esta iniciativa, el PP también aboga por la adopción de medidas estructurales para reducir la brecha salarial y laboral de género, actuando sobre aspectos como la precariedad laboral, la parcialidad involuntaria, la segregación sectorial y las discriminaciones retributivas, especialmente en los complementos salariales.
Además, el partido propone impulsar un sistema efectivo de conciliación y corresponsabilidad, garantizando el acceso universal y gratuito a la educación infantil de 0 a 3 años mediante un modelo de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas. Esto se plantea como una herramienta clave para fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo y reducir las interrupciones laborales asociadas a los cuidados.
En el mismo sentido, se solicita la regulación plena del permiso parental retribuido, en línea con la Directiva (UE) 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y laboral. Se destaca la importancia de garantizar que este permiso sea remunerado de manera suficiente y corresponsable, con el fin de evitar efectos negativos en la carrera profesional de las mujeres.
El PP también plantea abordar la brecha de género en el sistema de pensiones, proponiendo medidas para igualar las trayectorias laborales y las bases de cotización entre hombres y mujeres, como una vía sostenible para equiparar las pensiones a largo plazo. Asimismo, se sugiere asegurar la suficiencia de las pensiones de aquellas mujeres cuyas trayectorias laborales no pueden ser corregidas, mediante medidas de solidaridad financiadas por el Estado.
Finalmente, se recomienda evaluar de forma periódica el impacto real de las políticas de igualdad, utilizando indicadores objetivos de brecha salarial, laboral y de pensiones, y ajustando las medidas públicas en función de su eficacia. Se propone encomendar esta evaluación a un organismo independiente para garantizar la objetividad y rigurosidad de los resultados.
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