La legislación española ha contemplado desde 2007 canales de denuncia contra el acoso sexual en las organizaciones, con la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres como base. El Gobierno está evaluando nuevas medidas ante la proliferación de casos de acoso sexual en el PSOE, con la intención de hacer obligatorio para partidos, sindicatos y empresas contar con un mecanismo de denuncia interna.
La Ley Orgánica de 2007 establece que las empresas deben promover condiciones laborales que eviten el acoso sexual y por razón de sexo, incluyendo medidas como códigos de buenas prácticas y campañas informativas. Además, el Estatuto de los Trabajadores garantiza el respeto a la intimidad y dignidad de los trabajadores, protegiéndolos contra el acoso.
Por otro lado, la Ley del ‘sólo sí es sí’ del 2022 obliga a las administraciones públicas a actuar contra la violencia sexual, con protocolos específicos para detectar y abordar estas situaciones. La Ley de 2023 protege a las personas que informen sobre infracciones normativas, mientras que los partidos políticos deben contar con protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, según la Ley de Paridad.
En el ámbito de la Administración General del Estado, se aprobó un protocolo en 2024 para facilitar la denuncia de situaciones de acoso de forma sencilla y confidencial. Estas medidas buscan prevenir y combatir el acoso en todas sus formas, promoviendo un entorno laboral seguro y respetuoso para todos.
FUENTE
