La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado sobre el creciente déficit de plazas residenciales en España. Según sus estimaciones, se necesitan más de 50.000 plazas adicionales para satisfacer la demanda actual de personas con dependencia severa y gran dependencia, y casi 100.000 plazas para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
Actualmente, la ocupación total de los centros residenciales alcanza el 82,4% de las plazas existentes, con un total de 339.655 personas viviendo en residencias, lo que representa un aumento de 62.634 personas con respecto al año anterior (+15,9%). En los últimos cuatro años, tras la pandemia, se han creado 23.075 nuevas plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años ha aumentado en más de 800.000 personas.
Según los datos oficiales más recientes, 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III de dependencia se encuentran en lista de espera para una plaza de residencia, además de otros 57.091 individuos pendientes de valoración. Si se considera el porcentaje de personas atendidas en residencias (34% de Grado III y 21% de Grado II), la demanda actual de un servicio residencial en plaza concertada o prestación vinculada sería de 32.241 personas en situación de dependencia severa o gran dependencia.
Las comunidades autónomas con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 plazas respectivamente, representando el 65,3% del déficit total. Por otro lado, siete comunidades tienen un exceso de plazas, destacando Castilla y León con 16.712 plazas adicionales. En opinión de la asociación, esto sugiere una distribución inadecuada de las plazas residenciales o un elevado coste que las hace inaccesibles para muchos.
En cuanto a la financiación de las plazas residenciales, el 71,1% destinadas a personas mayores son de financiación pública, totalizando 292.986 plazas, frente a las 119.123 exclusivamente privadas. A pesar de un aumento en el número y porcentaje de plazas de financiación pública desde 2015, actualmente se sitúa en 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, por debajo de la ratio deseada de cinco plazas.
La estrategia del Ministerio de Derechos Sociales para desinstitucionalizar los cuidados de las personas dependientes ha sido criticada por los directores y gerentes, quienes señalan una falta de avances significativos en este sentido. La cobertura de asistencia domiciliaria, por ejemplo, muestra una media de 23,8 horas mensuales, apenas tres horas más que en 2012.
En resumen, la falta de plazas residenciales, la distribución desigual entre comunidades autónomas y los retos en la financiación pública son algunos de los desafíos que enfrenta el sistema de atención a personas mayores con dependencia en España, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
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