El Comité de Empresa de los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz ha solicitado a las autoridades y agentes implicados que busquen soluciones para «garantizar» su continuidad y así evitar lo que consideran una «catástrofe económica y social sin precedentes» para la comarca de Campo Arañuelo y Extremadura.
Después de afirmar que la región ya ha sido «suficientemente castigada» y que el cierre de la planta significaría «condenar nuevamente» a Extremadura acabando con su principal industria y una fuente de empleo de alta calidad, el comité ha advertido en un comunicado este sábado que esta situación llevaría a los trabajadores a «emigrar de nuevo» para «buscar subsistencia» fuera de la comunidad autónoma.
«El impacto económico que tendría en la zona el cierre de Almaraz aleja una vez más a Extremadura del desarrollo, volviéndonos a situar como los olvidados de España», ha señalado el comité instando a «no tolerar» ese «agravio».
En este sentido, los trabajadores de la factoría cacereña han destacado que la energía nuclear es «fundamental para la industrialización» de la región, haciendo hincapié en que «actualmente hay importantes inversiones en juego» que, han insistido, «requieren un potente suministro eléctrico que solo la central de Almaraz puede garantizar«.
Por otro lado, respaldando la instalación nuclear extremeña como un «referente mundial», el comité ha señalado que las empresas propietarias «invierten una media de 50M de euros al año en la mejora, actualización y modernización de sus equipos», lo que, aseguran, garantiza que se encuentran en las mejores condiciones técnicas y de seguridad para seguir operando hasta los 80 años.
Los trabajadores de Almaraz han enfatizado que «las empresas propietarias están dispuestas a seguir operando» si se elimina el «agravio fiscal al que está sometida la planta».
Específicamente, el comité ha indicado que «en 2025 abonarán 435M de euros en impuestos y tasas» que, según alertan, no solo superan «todos sus costes de operación y mantenimiento» sino que, además, algunos de ellos son «redundantes y discriminatorios» en comparación con otras tecnologías, y «inexistentes en el resto de los países con centrales nucleares».
A esto se suma lo que han calificado como un «aumento injustificado» de la tasa ENRESA destinada a la custodia de residuos que se fijó en 7,98 euros/MWh y que en 2024 aumentó un 30 por ciento, «sin que haya cambiado la cantidad de residuos que se van a generar».
«El Comité de Empresa seguirá en esta lucha porque no renuncia a la Central Nuclear de Almaraz», aseguraron, afirmando que no abandonarán a los trabajadores y ciudadanos de Campo Arañuelo y Extremadura.