Un total de tres millones de niños en España son hijos de madre o padre de origen migrante, según un informe del Consejo Económico y Social (CES). Este estudio destaca que la inmigración ha contribuido a «amortiguar» el declive demográfico en el país.
Además, se menciona que 9,5 millones de habitantes en España han nacido en algún país extranjero, representando el 19% de la población, y que el 14% posee nacionalidad distinta a la española. A estos datos se suman los tres millones de hijos de padres migrantes, lo que aumenta significativamente su contribución demográfica en España.
El informe señala que las mujeres migrantes enfrentan desventajas y riesgos de discriminación, especialmente en cuanto a violencia de género. A pesar de ello, cada vez más mujeres migrantes están participando en sectores laborales como el sanitario, la atención a la dependencia, hostelería y comercio.
En cuanto a la distribución de la población de origen extranjero en España, se destaca una asimetría entre territorios con alta presión demográfica, como la franja mediterránea, y otros que reciben pocos flujos migratorios. La concentración de población extranjera es notable en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, mientras que en zonas rurales la inmigración está cobrando relevancia.
El informe también aborda la situación de los menores migrantes solos, resaltando la necesidad de reforzar el sistema de protección y los recursos de acompañamiento para prevenir situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de políticas de protección a la infancia, la transición a la vida adulta de los jóvenes vulnerables y la promoción de la igualdad de oportunidades para la juventud de ascendencia migratoria.
Finalmente, el CES hace un llamado a un Pacto de Estado por la convivencia que reconozca y valore la inmigración como un fenómeno estructural, promoviendo la convivencia en la diversidad de orígenes y rechazando corrientes xenófobas. Se destaca la importancia de abordar los desafíos sociales y culturales en un marco de diálogo y consenso para garantizar la integración social a largo plazo.
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