UNICEF y Save the Children han comparecido en el Congreso de los Diputados para solicitar un refuerzo en la protección infantil en entornos digitales y para exigir responsabilidad a las plataformas digitales. En este sentido, se han identificado tres áreas prioritarias de preocupación: el impacto en el bienestar emocional de los menores que hacen un uso intensivo de la tecnología, las violencias digitales y la exposición a la desinformación.
Se ha propuesto la creación de una Comisión Interministerial para la Protección de la Infancia en Entornos Digitales, con el objetivo de coordinar políticas públicas, evaluar el impacto de las medidas y adaptar la normativa a los avances tecnológicos. Además, se ha destacado la importancia de reforzar la educación digital, el acompañamiento familiar y la formación afectivo-sexual en todos los niveles educativos para promover una ciudadanía digital responsable.
Por otro lado, se ha instado a reforzar la responsabilidad y la diligencia de las plataformas digitales, incorporando el principio de diligencia frente a contenidos y conductas que puedan facilitar la explotación o violencia sexual. También se ha propuesto ampliar el concepto de «simulación realista» para incluir contenidos generados con inteligencia artificial o animaciones que representen menores en contextos sexuales.
En cuanto a las propuestas penales, se ha solicitado sustituir el término «pornografía infantil» por «material de abuso sexual de menores» en el Código Penal, con el fin de alinearse con estándares internacionales. Se ha subrayado la importancia de garantizar todos los derechos de los menores en el entorno digital, como el acceso a información veraz, la educación y la participación.
Finalmente, se ha hecho hincapié en la necesidad de una evaluación periódica por una autoridad competente de los compromisos de autorregulación de las plataformas digitales, así como en la urgencia de establecer mecanismos de control más eficaces para proteger a los menores en línea. Los grupos parlamentarios han expresado su compromiso con la protección de los menores en entornos digitales y su disposición a mejorar la normativa vigente en la medida de lo posible.
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