La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se reunirá este lunes para abordar las objeciones presentadas por el Consejo de Estado a la circular sobre el nuevo modelo de retribución de la distribución de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031.
El Consejo de Estado ha aprobado la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las redes, pero ha rechazado el modelo de retribución de la distribución, argumentando que vulnera la Ley del Sector Eléctrico al limitar las inversiones en redes eléctricas, una competencia exclusiva del Ministerio de Transición Ecológica.
Ante esta situación, los diez miembros del consejo de la CNMC deben encontrar una solución en un plazo muy ajustado, ya que la nueva normativa debe estar en vigor antes del 1 de enero. Algunos expertos señalan que cualquier decisión tomada sin un proceso de audiencia podría invalidar la norma al no permitir a los interesados presentar alegaciones.
Una posible solución sería promover una nueva circular que pase por todos los trámites necesarios, pero dado el tiempo limitado, podría considerarse la prórroga del marco actual como alternativa.
La Asociación para la Transición Energética (ATE) ha solicitado a la CNMC que modifique significativamente la circular de retribución de la inversión en redes eléctricas para el próximo periodo regulatorio. Expresa su preocupación por la situación actual en la regulación de las inversiones en redes eléctricas en España, considerando este aspecto crucial para la transición energética y la descarbonización de la economía.
ATE defiende que las conclusiones del Consejo de Estado coinciden con su posición en los procesos de alegaciones previos. Por tanto, insta a la CNMC a retroceder en su proyecto de circular y mantener el método actual de retribución por costes auditados, proponiendo una nueva propuesta ajustada a las recomendaciones del Consejo de Estado y a la política energética del Ministerio.
En resumen, la CNMC se enfrenta a un desafío urgente para encontrar una solución a las objeciones del Consejo de Estado antes de que finalice el año, buscando conciliar las demandas regulatorias con los intereses de las empresas y el impulso hacia una transición energética sostenible en España.
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