El Gobierno ha defendido recientemente la exigencia del enfoque abolicionista de la prostitución en subvenciones, argumentando que no limita la concurrencia competitiva. Según una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press, esta medida se basa en la consideración de la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia contra las mujeres.
El Ministerio de Igualdad ha iniciado la tramitación de una modificación en las bases reguladoras de sus subvenciones para programas de sensibilización, prevención e investigación sobre las violencias contra las mujeres, con el objetivo de excluir de recibir ayudas a entidades que no adopten un enfoque abolicionista de la prostitución.
Se destaca que el cumplimiento del requisito de reconocer la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres no limita la concurrencia competitiva, ya que puede lograrse a través de la inclusión en los estatutos de la entidad o mediante la experiencia previa en proyectos relacionados con la prevención, atención e investigación de las violencias contra las mujeres, incluyendo aquellas vinculadas a la prostitución y la explotación sexual.
El Gobierno enfatiza que esta medida no implica la modificación de estatutos ni la exclusión de entidades con solvencia técnica acreditada, sino que busca garantizar que los fondos públicos se asignen a proyectos coherentes con la finalidad subvencionable, evitando que organizaciones sin compromiso o experiencia en la erradicación de la violencia contra las mujeres reciban fondos destinados a prevenirlas y combatirlas.
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