El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado sus aportaciones al informe que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad elaborará sobre la participación igualitaria en la vida política. En el documento titulado ‘Romper el techo de cristal: participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política’, el CERMI destaca la importancia de la participación política como un derecho humano esencial para la democracia representativa.
Desde su designación en 2011 como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, el CERMI ha trabajado para trasladar las demandas y necesidades de las personas con discapacidad ante los poderes públicos. Entre los avances destacados se encuentra la reforma electoral de 2018, que restituyó el derecho al voto a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual o psicosocial.
Sin embargo, la organización alerta sobre la persistencia de obstáculos estructurales y culturales que impiden ejercer el derecho a la participación política en igualdad de condiciones, como la inaccesibilidad electoral y la subrepresentación en cargos públicos. Se hace especial hincapié en la situación de las mujeres con discapacidad, que enfrentan discriminaciones múltiples que las excluyen de los espacios de liderazgo.
El CERMI propone una serie de medidas clave para superar estas barreras, como garantizar la accesibilidad universal en todos los procesos políticos y electorales, institucionalizar la participación efectiva de las organizaciones representativas, fomentar el liderazgo político de las personas con discapacidad y acometer reformas legislativas que eliminen restricciones al ejercicio de los derechos políticos.
La organización enfatiza que el lema del movimiento social de la discapacidad, ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’, debe guiar todas las políticas y decisiones que afecten a este grupo de población. Destaca la importancia del trabajo conjunto con la Relatora Especial y los organismos internacionales de derechos humanos para avanzar hacia sociedades más inclusivas y participativas.
En resumen, garantizar la participación política en igualdad de condiciones implica asegurar el derecho a decidir, ser escuchado y influir en el rumbo colectivo. Solo así será posible construir una democracia plena e inclusiva.
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