Los expertos han solicitado protocolos accesibles y una mayor coordinación para evitar situaciones de exclusión de emergencia, como revelaron durante el seminario «la dimensión social de la emergencia y las catástrofes: gestión preventiva para minimizar el impacto en las personas con discapacidades».
En este sentido, el vicepresidente del comité español para representantes de personas con discapacidades (CERMI) y presidente de FIAPA, Mª Carmen Sacia, destacó la necesidad de políticas de emergencia para «trascender la respuesta inmediata y garantizar una protección real y eficiente de personas con discapacidad.
Para Sacia, la gestión de situaciones de emergencia no puede limitarse a «aquí y ahora», pero deben mirar «más allá», para «garantizar que las personas con discapacidades tengan una respuesta adaptada en todas las fases: prevención, impacto y recuperación». «No se trata solo de estabilizar la situación de emergencia, sino para asegurarse de que, después de una catástrofe, nadie no tenga hogar», dijo.
También reclamó sistemas de comunicación accesibles, que incluyen subtítulos, interpretación del lenguaje de firma, recursos tecnológicos reales y acceso universal a 112, sin la necesidad de registro previo. Además, dijo que la capacitación de profesionales de seguridad y emergencia es «esencial» para garantizar que puedan actuar de manera efectiva en situaciones de riesgo que involucran a personas con discapacidades.
Por su parte, el Director del Medio Ambiente de la Cruz Roja española, Pablo Navajo, insistió en su discurso que las situaciones de emergencia deben incorporar «medidas concretas» para satisfacer la diversidad de las necesidades de la población. «Las catástrofes naturales y las crisis humanitarias no afectan igualmente a todas las personas. La falta de accesibilidad y los protocolos inclusivos pueden transformar una emergencia en una barrera insuperable para miles de personas con discapacidades», advirtió.
Desde la perspectiva territorial, el Presidente de la comunidad de Cermi Valencian, Luis Văñó Gisbert, enfatizó la necesidad de desarrollar un plan de emergencia inclusivo en la región. «La diferencia entre las regulaciones y su aplicación efectiva fue la prueba en la información, la evacuación y la provisión de asistencia son» aspectos esenciales «que deben abordarse con» emergencia «.
Por otro lado, el gerente de cooperación del Foro Europeo de Discapacidad (EDF), Gordon Rattray, dijo, a pesar del progreso normativo, muchos países aún no tienen protocolos efectivos. A lo largo de estas líneas, afirmó acercarse a las situaciones de emergencia «con una estrategia de doble seguimiento: garantiza medidas de accesibilidad universal y, al mismo tiempo, desarrollar acciones específicas para grupos con barreras más altas». También denunció que la falta de datos desglosados sobre la crisis «evita la evaluación del impacto real y el diseño de las respuestas apropiadas».
Además, el Delegado de los Derechos Humanos y para la Convención del Estado de Cermi, Gregorio Saravia y el Delegado de los Derechos Humanos y la Agenda Política de las Mujeres de la Fundación Cermi, Sara de Torres, indicaron que España debe adoptar como referencia de las guías internacionales y convertido a «medidas concretas». «No es suficiente tener reglas, deben aplicarse rigurosamente y asegurarse de que las personas con discapacidades sean protagonistas en su implementación», concluyó. Además, pidieron aplicar una perspectiva interseccional en la gestión de situaciones de emergencia, dado el impacto diferenciado en las mujeres y las niñas con discapacidades.
Además, la directora ejecutiva de la plataforma del tercer sector, María José Juanes, propuso eliminar las barreras burocráticas, para lo cual dijo que la coordinación entre las entidades con la administración pública es «clave».