El Congreso debatirá el próximo martes una propuesta de reforma parcial del Estatuto Básico del Empleado Público, presentada por el Parlamento andaluz, para facilitar el acceso de personas con discapacidad intelectual a la función pública.
La propuesta busca modificar la Sección Dos del Artículo 61 para incluir que «las pruebas de acceso para personas con discapacidad intelectual consistirán en una situación que permita evaluar las habilidades necesarias para desempeñar las tareas del trabajo».
Según el Parlamento andaluz, esta reforma busca transformar cualitativamente la comprensión de los principios de mérito y capacidad aplicados a la diversidad funcional en los procesos de selección para la función pública.
Esta reforma no solo busca establecer nuevas medidas de inclusión, sino actualizar los principios de mérito y capacidad para adaptarse a un paradigma más adecuado y fiel al trabajo que debe desempeñar un funcionario.
Por lo tanto, se propone introducir pruebas de selección más eficientes y confiables para evaluar el rendimiento práctico de los candidatos en relación con las tareas del trabajo al que aspiran.
En resumen, esta reforma pretende añadir un mecanismo de examen para personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de cumplir con el espíritu de regular la función pública en atención a la diversidad funcional de este grupo de personas.
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