El empleo generado para mujeres con discapacidad apenas representa el 41% del total
Los contratos de personas con discapacidad cayeron un 0,8% en 2024, con 271.765 cerrados el año pasado, lo que supone la cifra más baja desde 2016 (268.160), según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que recogió la Fundación ONCE.
Más precisamente, en 2024 hubo 2.274 empleos menos de ciudadanos con discapacidad que en 2023, cuando se registraron 274.039. Este descenso de la contratación es sensiblemente mayor que el producido entre la población general, donde se produjo un ligero descenso del 0,2% según cifras facilitadas por el SEPE, lo que implica una ampliación de la brecha entre personas con y sin discapacidad.
Del análisis de datos realizado por el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) de la Fundación ONCE, junto con el Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se desprende también que la estabilidad del empleo de personas con discapacidad ha mejorado. En este sentido, ha señalado que los contratos temporales se redujeron hasta el 68,4% y los indefinidos aumentaron hasta el 23,4%, que junto con los contratos indefinidos discontinuos representan ya el 31,6% del total. En cuanto a la población general, indicó que los contratos indefinidos suponen ya el 28% del total.
En la misma línea, ha añadido que los «grandes pilares» del empleo de personas con discapacidad son los contratos específicos y el trabajo generado en los Centros Especiales de Empleo (CEE), que representan el 37% y el 27% respectivamente del empleo global de personas con discapacidad. el colectivo. En estos casos también se producen descensos respecto al año anterior, que suponen un 4,4% en el caso de los contratos específicos y un 1,8% en el caso de los CEE.
Desde una perspectiva de género, el empleo generado para mujeres con discapacidad apenas representa el 41% del total, frente al 47% de las mujeres de la población general.
Por su parte, la ocupación de jóvenes con discapacidad mejora respecto a los datos de 2023, con un incremento del 3,9%. Sin embargo, se generan muy pocos contratos para personas con discapacidad menores de 30 años, dado que representan sólo el 19,6% del total. Como en otros tramos, el comportamiento del mercado laboral es muy diferente al de la población general: en este caso, el empleo entre los más jóvenes sube hasta casi el 40%.
En términos de sectores económicos y de participación de trabajadores con discapacidad en ellos, los servicios siguen siendo el mayor nicho de empleo para este sector de la población. Representa el 82,4% del total de empleos generados. Este efecto es más intenso que el evidente entre la población general, donde el empleo en el sector servicios se sitúa en el 73,4%.
Sin embargo, las personas discapacitadas también están empleadas en ocupaciones más cualificadas, como «trabajadores cualificados de huertos, invernaderos, viveros y jardines» (1.577), «artistas creativos y escénicos no clasificados en otra parte» (1.539), «profesores y profesores». profesionales no clasificados en otra categoría’ (1.343), ‘Compositores, músicos y cantantes’ (1.138), ‘Asistentes de dirección y administración’ (840) o ‘Programadores informáticos’ (284), entre otros.
ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID CUENTAN CON LA MITAD DE LOS CONTRATOS
En el territorio, tres comunidades autónomas representan casi la mitad de los contratos creados. Entre Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid alcanza el 46,2% (51,1% para el empleo total a nivel nacional). Sin embargo, la distribución provincial cambia ligeramente este ranking, siendo Madrid, Barcelona y Valencia las tres provincias con mayor volumen de creación de empleo para personas con discapacidad.
Así, la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de la Fundación ONCE, Sabina Lobato, cree que el balance «descubre el aumento sistemático de la brecha laboral entre personas con y sin discapacidad».
En este sentido, se ha referido a que la tramitación de una nueva Ley del Trabajo para personas con discapacidad «no puede demorarse», «estrategias públicas para permitir el acceso a las primeras oportunidades a los jóvenes y a las personas que se están reconstruyendo profesionalmente por una discapacidad repentina», así como con cautela respecto del impacto negativo que pueda tener el futuro Estatuto de la Bolsa en trámite”.
En definitiva, Lobato abogó por «iniciativas innovadoras que provoquen un cambio sistémico en la empleabilidad del grupo a largo plazo y en la generación de una verdadera cultura inclusiva en las empresas».