El Congreso de los Diputados ha iniciado el proceso de aprobación parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa que el Gobierno se comprometió a aprobar antes de que finalice el año 2024 y que es crucial para el desembolso de 10.000 millones de euros en fondos europeos.
El año pasado se presentaron enmiendas, y ahora se ha convocado una ponencia a puerta cerrada para que los grupos parlamentarios puedan ir organizando sus propuestas. Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, la reunión tendrá lugar el próximo martes, 18 de febrero.
Esta ley tiene como objetivo principal descarbonizar el transporte, reconocer la movilidad como un derecho, aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector. Aunque el proyecto comenzó a tramitarse en la legislatura anterior, se detuvo con el adelanto electoral y el Gobierno lo retomó en 2024.
Sin embargo, la normativa tuvo que superar una enmienda de totalidad presentada por el Partido Popular, y posteriormente los grupos parlamentarios registraron 700 enmiendas al texto, lo que obligó al Ejecutivo a posponer su aprobación en 2024.
EL PP CRITICA LA FALTA DE OBJETIVOS CLAROS EN LA LEY
Además, el texto no cuenta con el respaldo suficiente para avanzar en su tramitación. El PP intentó devolver el proyecto al Gobierno argumentando que la ley no establece objetivos nacionales claros y medibles, necesarios para abordar los desafíos de la transformación del sistema de movilidad en España.
En su enmienda de totalidad, el PP señaló que la normativa no incluye plazos transitorios, cronogramas de ejecución de medidas, obligaciones para ciudadanos y empresas, ni una previsión de inversiones públicas cuantificables. Sin embargo, el Congreso no respaldó la enmienda del PP, que solo contó con el apoyo de Vox y UPN.
DISCREPANCIAS CON SUMAR SOBRE EL MAPA CONCESIONAL DE AUTOBUSES
Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es la creación de un nuevo mapa concesional del transporte de autobuses en toda España. El objetivo es reorganizar las líneas de autobuses interurbanos y reducir el número de paradas estatales.
A cambio, se prevé compensar a las comunidades autónomas con 40 millones de euros, una cantidad que Sumar ha considerado insuficiente. El diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, integrado en Sumar, expresó al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que esa compensación «no es adecuada en absoluto».
De esta manera, los partidos del Gobierno tendrán que negociar el diseño de este nuevo mapa concesional o asignar una cantidad mayor para que las comunidades autónomas puedan reestructurar de manera más efectiva sus servicios de transporte.