La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado la aprobación de una nueva ley que protegerá y blindará el Sistema Nacional de Salud de las prácticas especulativas y privatizadoras. Esta normativa responde al lema «La sanidad no se vende, la sanidad se defiende», reflejando así la victoria de las demandas ciudadanas a lo largo de los años.
La ley tiene como objetivo abordar casos preocupantes, como los audios filtrados sobre órdenes para aumentar beneficios en empresas concesionarias de hospitales o problemas derivados de la externalización de servicios sanitarios. Se argumenta que la privatización afecta negativamente la calidad asistencial, aumentando infecciones, mortalidad evitable y desigualdad.
Entre las medidas clave de la normativa se encuentra la limitación de la colaboración entre la Administración y entidades privadas en la prestación sanitaria, salvo en casos excepcionales. Se establece la obligatoriedad de una evaluación previa para implantar este modelo, priorizando a entidades sin ánimo de lucro en caso de empate.
Además, se regula la creación de consorcios sanitarios, sujetos a normativas de estabilidad presupuestaria y control de cuentas. Se prohíbe que empresas privadas constructoras de hospitales participen en su gestión posteriormente, y se fortalece el buen gobierno y la rendición de cuentas en la gestión sanitaria.
La nueva ley solo se aplicará a contratos posteriores a su aprobación definitiva, manteniendo los vigentes hasta su vencimiento. También se contempla la elaboración de un informe de evaluación de la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud desde 1997, realizado por expertos en salud y gestión sanitaria.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, la ley iniciará su tramitación en el Congreso de los Diputados. La ministra confía en el apoyo parlamentario, destacando la importancia de priorizar la salud por encima de los beneficios económicos. Se critica la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señalando que el objetivo es acabar con prácticas cuestionables en la gestión sanitaria, no con la sanidad madrileña en sí.
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