Ocho de cada diez contratos menores de protección social del Gobierno no están justificados, según ha señalado este viernes el Tribunal de Cuentas.
El informe del Tribunal de Cuentas revela que en el 78% de los expedientes fiscalizados existe una «insuficiente justificación» en la elección del procedimiento de contratación, basándose únicamente en que los importes se encuentran dentro de los límites cuantitativos permitidos para contratos menores.
Además, se destaca que el uso de contratos menores no está previsto para cubrir necesidades recurrentes y periódicas, a pesar de lo cual el 47% de los expedientes analizados se han utilizado con ese fin, lo que evidencia una falta de previsión y planificación adecuada. El Tribunal de Cuentas concluye que se ha hecho un uso excesivo, no suficientemente justificado y muchas veces inadecuado de esta figura contractual.
Se consideran contratos menores aquellos con un importe inferior a 40.000 euros en el caso de obras, o a 15.000 euros en el caso de servicios o suministros. Anteriormente, antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, estos límites eran de 50.000 y 18.000 euros, respectivamente.
El Tribunal también señala que en algunos casos se han entregado ayudas económicas a través de contratos de patrocinio publicitario tramitados como contratos menores, en lugar de subvenciones, lo cual plantea dudas sobre la transparencia y legalidad de dichas prácticas.
En cuanto a los contratos de servicios y suministros, se detecta que en el 64% de los casos el valor estimado se encuentra muy próximo al límite máximo de 15.000 euros, sin una adecuada explicación de cómo se realizaron los cálculos del presupuesto, lo que impide verificar que no se esté alterando el objeto del contrato para evitar los límites legales establecidos.
El informe también advierte de «incoherencias» en el orden cronológico de los actos administrativos en un 10% de los expedientes fiscalizados, lo que sugiere posibles irregularidades en la ejecución de los contratos.
En conclusión, el Tribunal de Cuentas formula recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas en la contratación de servicios públicos menores, destacando la importancia de una fiscalización rigurosa para prevenir posibles abusos y prácticas indebidas en la contratación pública.
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